Septiembre 10, 2025
El Gobierno de Puerto Rico ha desarrollado distintas iniciativas para atender el problema de los conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes. A continuación, se detallan algunas de los esfuerzos más destacados:
Como parte de los esfuerzos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) para concientizar sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes, la agencia realiza varias campañas a nivel educativo y de cumplimiento de ley a lo largo del año. Las campañas educativas se realizan a nivel nacional y se distribuyen por diferentes medios como la televisión, radio y redes sociales, con el objetivo de acaparar cada grupo de la población. Sin embargo, también se han realizado de manera presencial para atender actividades donde suele haber un mayor consumo de alcohol.
Por otra parte, las campañas de cumplimiento de ley se realizan en conjunto con la policía a nivel estatal y municipal, con el objetivo de aumentar la conciencia de los conductores en las vías públicas, evitar conductas que violenten las leyes de tránsito en la isla y disuadir a los conductores a cambiar sus comportamientos peligrosos.
Cuando estos dos esfuerzos se realizan de manera efectiva, pueden generarse resultados favorables, los cuales pueden verse reflejado en la reducción de fatalidades por choque de tránsito en las vías del país. Por lo tanto, es importante que estas campañas continúen siendo constantes y con mayor compromiso por parte de la policía y agencias gubernamentales, para que podamos avanzar a tener una sociedad más informada.
Para mejorar la eficacia con la que se atienden los casos de conductores ebrios en Puerto Rico, desde febrero del año 2018, se formalizó un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Justicia y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST); financiado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). Este acuerdo colaborativo estableció la primera Academia Especializada en Procesamiento de Conductores Ebrios en Puerto Rico. Desde entonces las academias buscan mejorar los recursos de investigación y procesamiento de estos casos en la isla, a través de la capacitación de los fiscales. Los cursos se enfocan en el uso de tecnología forense, análisis toxicológico, y técnicas avanzadas de litigación. Igualmente, este esfuerzo incluyó la designación de fiscales regionales en toda la isla, liderado por la fiscal Rosaura González Vélez, quien fue nombrada como la primera Traffic Safety Resource Prosecutor (TSRP) de Puerto Rico. Actualmente, hay 14 fiscales especializados en las regiones de Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan, Utuado.
A un año de su creación, marzo 2019, la unidad fue reconocida y elegida por parte de la NHTSA como ejemplo a seguir para otras jurisdicciones en Estados Unidos. Además, fue mencionada en la revista Between the Lines del National Traffic Law Center como ejemplo de buenas prácticas.
Por último, como parte de los planes futuros, el Departamento de Justicia y la CST buscan continuar fortaleciendo este esfuerzo mediante la creación de la V Academia de Fiscales Especializados, la cual se llevará a cabo durante el año 2025 con el propósito de continuar con la ampliación del personal fiscal especializado. Igualmente, buscan contar con la integración de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la recopilación y análisis de evidencia en casos de conductores ebrios.
El senador González López, con el fin de vigorizar las consecuencias legales para los conductores negligentes y enviar un mensaje claro de cero tolerancias hacia la conducción bajo los efectos de sustancias, propuso una enmienda significativa a la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
El objetivo principal de la propuesta es modificar el artículo 7.06 de la Ley de Tránsito para eliminar la posibilidad de penas alternativas a la cárcel en casos graves de conducción bajo los efectos de sustancias. La enmienda establece que, si un conductor causa la muerte de otra persona mientras conduce bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas, no podrá beneficiarse de libertad condicional, servicio comunitario, arresto domiciliario, restricción terapéutica ni de cualquier otra pena que sustituya parcial o totalmente la reclusión. Actualmente está en proceso de evaluación legislativa.
Presentado por la senadora Nitza Morán Trinidad, el Proyecto del Senado 212 busca fortalecer la Ley 22-2000 para penalizar a las personas que se nieguen a someterse a pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas durante una intervención policíaca.
El objetivo principal de este proyecto es cerrar brechas legales y reforzar la autoridad de los agentes del orden público, asegurando que los conductores no puedan evadir las pruebas de sobriedad sin consecuencias. Las sanciones propuestas son las siguientes: en la primera convicción, una multa fija de $3,000; y en convicciones subsiguientes, una multa de entre $3,000 y $5,000 o pena de reclusión de hasta seis meses, o ambas, a discreción del tribunal.
Este proyecto ya cuenta con el apoyo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), y se han propuesto enmiendas que requieren que las pruebas de sangre sean autorizadas mediante una orden judicial.
El representante Fernando Sanabria Colón presentó en la Asamblea Legislativa el Proyecto que se denominaría como la “Ley Justin Rafael Santos y hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez para la Justicia y Protección en la Carretera”.
El objetivo principal de esta enmienda a la Ley 22-2000 es establecer que toda persona que cause daño corporal o la muerte a otra mientras conduce bajo los efectos del alcohol o de una sustancia controlada no podrá recibir sentencia suspendida ni beneficiarse de libertad condicional, enfrentando una pena de cárcel obligatoria.
La enmienda elimina la discrecionalidad judicial, prohibiendo que la pena de reclusión sea sustituida por alternativas como servicios comunitarios o arresto domiciliario. A pesar de imponer la reclusión, el enfoque se mantiene en la rehabilitación, y la ley establece que será lo menos restrictiva posible siempre que se logren los fines de rehabilitación y justicia.
La propuesta fue impulsada tras los trágicos fallecimientos de Justin Rafael Santos, quien fue impactado por una conductora ebria, y de las hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez, una de ellas embarazada, quienes fueron atropelladas por un conductor ebrio.
Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes ycuenta con el visto bueno del Senado.